sábado, 6 de agosto de 2011

"Robamos pero no hacemos nada ilegal"

Comprar barato y vender caro, la fórmula perfecta para hacer negocios. Por lo visto este asunto de los espectáculos públicos con artistas de renombre mundial involucrados se presta a hacer grandes y jugosos negocios.

Hay una mujer hoy, en la cárcel, acusada de "fraudes" (Cecilia Flores) por no haber pagado las ganancias ofrecidas a sus "inversionistas" en asuntos relacionados con espectáculos de este tipo. El priismo a través del congreso, en forma casi de fiesta se lanzó al ataque al ayuntamiento de César Bojórquez cuando saltó el caso "Flores". Lo que hoy está sucediendo nos debe dejar 2 cosas muy claras: 1) En efecto, el contrato de artistas de renombre puede rendir jugosas ganancias y 2) Es casi seguro que los conciertos de los últimos años, promovidos por el régimen de Ortega y ahora de Araujo, resultaron en grandes negocios en los que se invirtió dinero público, pero se obtuvieron ganancias privadas para personas muy concretas.

Estos acontecimientos ayudarían a comprender por qué "empresarios" no tuvieron mucho reparo en entregarle a Cecilia Flores grandes cantidades de dinero bajo la promesa de importantes ganancias. La empresa que representó lo de Shakira pagó 11 millones a la organización de Shakira, pero le cobró al ayuntamiento 7 millones de más. Araujo dice que recuperó todo con las "aportaciones" de empresas cuyos nombres se publicaron sin las cantidades aportadas. El ayuntamiento no perdió, solo arriesgó, exactamente igual que los empresarios arriesgaban con Cecilia flores —pero JAMÁS el ayuntamiento panista de Bojórquez y demás tomaron estos riesgos con dinero público municipal. Realmente, son formas muy diferentes de gobernar...

La empresa de León sería la "Cecilia Flores", con una gran excepción: la Flores compraba espectáculos baratos, los vendía caros con dinero de inversionistas privados, no con fondos públicos del ayuntamiento de Mérida. Al final, la crisis de 2009 provocó que espectáculos ya comprados resultaran en fracasos económicos. Los inversionistas debieron haber absorbido las pérdidas o bien, la Flores debió haber advertido de los riesgos.

En el caso de la Araujo y la Ortega, las cosas son bien graves: usando dineros públicos —que es cierto, "recuperaron"— lograron grandes utilidades a favor de particulares o quizás, incluso, de un partido político.

Quizás por acciones como las ya perpetradas, algún orgulloso miembro del priismo local expresó con arrogancia: Es posible que robemos, pero no hacemos cosas ilegales. Quizás de allí la insistencia en hablar de los contratos de Castañeda para acciones de capacitación en ayuntamientos de origen panista.

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