viernes, 21 de marzo de 2008

Las decisiones informáticas que afectan a los ciudadanos deben de ser sujetas a aprobación de un consejo técnico

La ciudadanía debe de ser informada hoy, (como también lo debió de haber sido ayer) con respecto a qué es lo que, técnicamente, se está haciendo en el catastro y en el registro público de la propiedad de Yucatán. Ya no basta con sólo anunciar que se le encargó "al departamento de desarrollo informático del gobierno". Es necesario formar un Consejo Técnico, con personas con experiencia y conocimiento en sistemas y bases de datos, que deberá de aprobar cualquier modelo que, finalmente, afectará a toda la ciudadanía.

Ya en varias ocasiones he oído la discusión acerca de la computarización de documentos que deben de ser digitalizados. Y en todas esas ocasiones he expuesto la opinión que he considerado técnicamente sustentable.

Un documento que se digitaliza se convierte en un objeto visible como imagen. Un documento que se pasa por un dispositivo OCR ("Optical Character Recognition"), es un documento que se convierte en texto. Ambas tareas tienen muy serios problemas.

Si un documento se convierte en una imagen, dicho documento debe de ser catalogado en una base de datos. Los datos para hacer tal catalogación son los que cualquier programa de cómputo tendría que usar para localizar, entre miles o millones, con buena velocidad, cualquier documento digitalizado. Por lo tanto, no se tratará únicamente de digitalizar, sino de almacenar el objeto digitalizado de tal manera que el contenido del mismo sea rápidamente localizable a partir de una pantalla de consulta. El problema, en este caso, es el proceso de digitalización, que implicará algo más que una simple captura de los datos contenidos en el documento: los datos deberán de interpretarse, o de lo contrario la catalogación de los mismos no será de gran ayuda.

La segunda tarea, la de pasar los documentos a través de un dispositivo OCR, requiere de una profunda y tediosa labor. La primera parte de esa labor consiste en lograr que la extracción del texto pase lo más legiblemente posible. La segunda parte consiste en corregir el texto que el dispositivo OCR logró "interpretar". Esto tiene que ser hecho, a fuerzas, por un equipo de seres humanos. Ese equipo tiene que contar con los conocimientos en la materia que le permitan corregir las palabras producidas por el dispositivo OCR, porque éste habrá hecho una gran cantidad de malas interpretaciones.

Precisamente por los dos graves problemas que implica el almacenamiento de documentos impresos es absolutamente necesario modificar la filosofía informática que debe de aplicarse en el proceso de producir esos documentos o actas, títulos de propiedad, constituciones de empresas, etc. Por desgracia, esto aún continúa estando muy lejos de ser la tónica regular de integración informática.

La filosofía que debe de ser aplicada es aquélla que desmenuza lo que finalmente será un documento oficial (firmado por varios individuos), en partes debidamente catalogables y almacenables con índices. Las partes siempre comprenderán individuos, personas físicas o morales, direcciones o predios, bienes muebles, transacciones involucradas, legislación subyacente, fechas, acuerdos fijos (de machote) y acuerdos especiales, más otros "objetos" que puedan ser ordenados de acuerdo a índices.

Cuando uno toca estos puntos con los especialistas en leyes, lo primero que alegan es la "singularidad" de cada acta o registro. Es cierto, todas las actas o registros pueden tener aspectos singulares. Precisamente por ello el documento se organiza informáticamente incluso por secciones de texto reutilizado (o compartido por miles de documentos en forma idéntica), mezclado con bloques de texto especial o particular para cada contrato.

El contrato impreso final, el que todos firmarán físicamente, debe de ser el resultado de un ordenamiento presentado en un documento acorde con la costumbre humana, de mencionar todo secuencialmente, dentro de párrafos. El asunto es que las partes que forman ese ordenamiento, quedarán almacenadas en las bases de datos de tal manera que sean fáciles de extraer a gran velocidad, por conjuntos.

¿Qué garantía existe de que las cosas se estén haciendo correctamente? Es el dinero de los ciudadanos el que se invierte. Es necesario un consejo técnico formado por ciudadanos independientes, técnicamente eruditos en sistemas y bases de datos, que vigile, supervise y autorice o impida, las acciones informáticas que afectan a la ciudadanía en general.

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