domingo, 23 de septiembre de 2007

Aclarando la nueva Ley Electoral en México

Durante algún tiempo los mexicanos tuvimos una gran cantidad de información que provenía de los gobiernos del PRI en la era de los 71 años. Era información exactamente a la medida de lo que deberíamos de pensar con respecto a la idea del político promoviendo alguna ley. Éste siempre era, básicamente, el presidente, el Gran Tlatoani, el único ser del cual se podrían desprender las leyes, reglamentos, legisladores, jueces, gobernadores y hasta presidentes municipales de las ciudades importantes del país. No se movía una sola hoja del árbol político sin el palomeo aprobatorio del Gran Tlatoani, el presidente indiscutible, sagrado.

En el 2000, a partir del primero de diciembre, se formalizó la desacralización del poder, que había comenzado con la primera interpelación hecha por Muñoz Ledo a Carlos Salinas. Éste y Zedillo fueron los único dos presidentes del PRI que realmente trataron de modernizar al país. Son, desde luego, los dos personajes más rechazados en las filas internas de ese partido.

Durante el tlatoanado de Zedillo se comenzaron a instrumentar las reformas más importantes. Urgía la reforma electoral y se pudo dar a partir de 1994. En 1997, un elegante IFE, totalmente ciudadanizado, organizó las elecciones federales del 97, año en que por primera vez el PRI no pudo ser mayoría por sí solo para hacer y deshacer las leyes. Tres años después, con ese IFE ciudadanizado, perdería la primera elección presidencial en su historia de 71 años.

El IFE organizó las cosas para que los votos fueran efectivamente contados. Las elecciones, a partir de ese momento, sólo se podrían ganar con votos.

Pero la forma de convencer a la gente para que votara por una opción o la otra, comenzó a depender totalmente del éxito de los partidos en comunicar en los medios masivos de audio e imagen. Miles de millones de pesos fueron a convertirse en "ventas" (automáticas y sin mérito comercial alguno) de "publicidad política" de las televisoras y de las estaciones de radio. Algunas de éstas dependían para su subsistencia, plenamente de ese periodo de anuncios constantes pagados por los partidos políticos, bajo un supuesto reglamento de máximos permisibles.

Las televisoras, hoy convertidas en gigantes de la comunicación, no lo son por méritos propios, sino por la graciosa concesión que los gobiernos precisamente del PRI, les dieron únicamente a los que consideraban "amigables" (y controlables) los gobiernos tlatoánicos. La palabra dicha en la TV nacional era siempre producto, ya sea de una orden directa del presidente en turno, o bien, de lo permitido en un sagrado filtro de la otrora omnipotente secretaría de gobernación. Todo esto se acabó a partir del gobierno de Fox. Pero no se acabaron los privilegios en el uso de las frecuencias para la transmisión de imagen y sonido en forma masiva.

Esta reforma electoral y la reforma de medios que viene, finalmente provocan madurez en el país mexicano. Es triste que se haya logrado el consenso de los tres partidos necesarios para lograr reformas constitucionales sólo con el costo de la decapitación, que por lo menos se consiguió "progresiva", de todos los consejeros del IFE. La vendetta en contra de Ugalde por parte de los que no aceptan haber perdido la elección del 2006, exigió el rodar de esa cabeza, un personaje nacional que sólo se limitó a cantar los números que todos estábamos viendo en nuestras pantallas de televisión y a través de Internet. Esperemos que los consejeros del futuro no actúen para dejar contentos a los partidos políticos, sino sólo para dejar correcto y preciso el cumplimiento de la ley, como efectivamente lo hicieron Ugalde y el resto de los consejeros. La historia de Ugalde será siempre un ejemplo de la magia mexicana, en la que los oídos sólo advierten las ondas sonoras que desean escuchar.

A parte de esa odiosa y reprochable negociación, la reforma electoral parece ser totalmente positiva. Esto es afirmable por lo menos por las siguientes razones:
  1. Significa un ahorro efectivo en las campañas de unos 5000 millones de pesos sexenales (a nivel federal), más otros tantos para las campañas estatales.
  2. Las televisoras y las estaciones de radio no recibirán moneda alguna por concepto de los anuncios políticos. Sí tendrán que publicarlos, pero como "pago parcial" del derecho de explotar la parte de la banda que les hemos concedido (como sociedad) para su trabajo de comunicación, que buenas ganancias les deja. Lo que no era correcto es que las ganancias fueran "obligadas" o "amarradas". Ahora sólo el IFE negociará con las televisoras los tiempos de los anuncios para los partidos, sin que medie pago alguno por la aparición de los mismos.
  3. Las personas físicas y las personas morales no podrán pagar anuncios que tengan como objetivo variar hacia alguna opción política el voto de los ciudadanos. Puede haber dinero bueno, legal, detrás de los anuncios ideológicos, pero, por desgracia, también puede ese dinero provenir de fuentes no deseables. Esto es lo que han dado por llamar "coartar la libertad de expresión". En cierta forma sí, por primera vez, a nivel constitucional, se prohíbe una forma de comunicación pagada por quien sea, para decir públicamente algo que pueda variar el sentido del voto. Sin embargo, la reforma constitucional no prohíbe que en entrevistas se exprese lo que se desee (aún cuando lo dicho provoque cambios en las intenciones de voto). Por lo tanto, se agrega el derecho de réplica: si te dicen algo públicamente por 10 minutos, tienes derecho a decir tú lo que tengas que decir para defenderte, por ese mismo tiempo, en un horario semejante y en los mismos medios que te mencionaron.
  4. Los anuncios que hacen los gobiernos federales, estatales y municipales para comunicar sus obras (o sea, para hacerse propaganda), no podrán mostrar foto, nombre o perfil de político alguno: ya sea gobernador, presidente municipal o presidente nacional. Esto evitará que los políticos usen sus puestos para vender sus imágenes con presupuestos de los erarios públicos de todos los niveles.
  5. Las campañas federales no podrán ser prolongadas por más de 90 días. Esto es un alivio para todos los ciudadanos, dado que los tiempos electorales pueden llegar a ser agotadores, fastidiosos y provocar rechazo y falta de interés, que es exactamente lo contrario de lo que se busca.
El tiempo nos demostrará otros beneficios de la reforma y también otros elementos no tan beneficiosos que tendrán que ser corregidos conforme experimentemos los resultados. Parece que el país mexicano está comenzando a avanzar. Lo más importante es que logremos un sistema en que la información de lo real no se tergiverse, sino que se esfuerce en comunicar lo objetivamente comprobable.


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